El juicio penal conocido como ‘Golpe I’ se ha iniciado contra la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el exdirigente cívico Marco Pumari, y otras seis exautoridades militares y policiales.
Los acusados están siendo procesados por presunta participación en un «golpe de Estado» en 2019, aunque el juicio se enfrenta a serias irregularidades jurídicas que podrían llevar a su nulidad.
Entre las anomalías identificadas destacan la ilegalidad de juzgar a cinco acusados “en rebeldía”, la falta de independencia judicial de los jueces y la controversia internacional que enfrentan los magistrados por un caso anterior ante la CIDH.
El proceso, que se centra en los eventos que ocurrieron entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, acusa a los imputados de delitos como terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes y servicios públicos, y asociación delictuosa.
De los ocho imputados, cuatro están acusados de terrorismo en grado de autoría, mientras que la exmandataria Áñez enfrenta acusación por complicidad.
Los abogados de los acusados han planteado la ilegalidad de juzgar en rebeldía a los imputados que están fuera del país, como el exministro de Defensa, Fernando López, refugiado en Paraguay.
Además, los jueces que conforman el tribunal del caso ‘Golpe I’ son los mismos que en 2022 sentenciaron a Áñez en el juicio ‘Golpe II’, lo que ha sido considerado una vulneración a la independencia judicial.
La defensa de Áñez ha presentado una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando a los jueces de violar el debido proceso, lo que ha generado una controversia internacional que podría complicar aún más el caso.
El abogado Gary Prado y otros juristas advierten que el proceso podría ser declarado nulo ante la CIDH, debido a la violación de garantías judiciales mínimas, como juzgar en rebeldía y la falta de independencia del tribunal.
A pesar de las irregularidades, el Gobierno sigue adelante con el juicio, y los abogados de los acusados aseguran que el proceso está destinado a terminar en la anulación de las sentencias en la instancia internacional.
Vía: El Deber
