La Asambleísta Departamental de Tarija, Carmen Rosa Valencia Vasco, ha anunciado que el Tribunal Constitucional segundo de la justicia tarijeña ha admitido la Acción Popular presentada en defensa del río Pilcomayo, con el objetivo de protegerlo de la contaminación minera. Esta acción fue presentada de manera conjunta con la senadora Nelly Gallo, el diputado José Porcel, Jorge Sanguino, y representantes de la plataforma para la preservación del río Pilcomayo.
La fecha de la audiencia para este caso está programada para el 20 de octubre. La amplitud de la presentación, que consta de cuatro cuerpos de documentación, ha llevado a que la sala segunda constitucional admita la acción popular. La expectativa es que la sentencia que se dicte el 20 de octubre sea favorable a la preservación del río Pilcomayo. El caso estará bajo la revisión de dos vocales, aunque se ha sumado un vocal adicional para la revisión de la documentación.
El propósito de esta acción legal es instar a las empresas mineras a dejar de contaminar los ríos y a construir diques de acuerdo con las leyes de medio ambiente, protocolos y regulaciones vigentes. La demanda específica busca el resarcimiento de los daños causados por las mineras y la correcta construcción de diques. Se destaca que muchas mineras no cumplen los protocolos en cuanto a los diques, lo que representa un incumplimiento de las normativas.
La Asambleísta Carmen Rosa Valencia Vasco también ha pedido sanciones para aquellas mineras que no cuenten con licencia ambiental ni con la ficha ambiental correspondiente y que estén contaminando los ríos con elementos tóxicos provenientes de la actividad minera.
Acciones simultaneas
Este caso se presenta simultáneamente en las regiones de Chuquisaca y Potosí. Mientras en Tarija se ha confirmado la admisión de la acción popular, en las otras dos regiones aún se espera la confirmación. Se espera que, con una sentencia favorable en Tarija, se establezca un precedente legal que beneficie no solo a esta región sino también a nivel nacional, garantizando la protección de los recursos hídricos frente a la contaminación minera. La audiencia del 20 de octubre será fundamental en el desarrollo de este caso, y se confía en que la justicia actuará de manera justa y responsable.