El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, sugirió realizar una auditoría al Censo 2024 y suspender sus efectos debido a que los resultados no coinciden con las proyecciones ni con los registros de nacimientos.
Torres argumenta que se esperaba un crecimiento de la coparticipación, sin embargo, ante los resultados, plantea revisar la distribución de impuestos entre el gobierno central y las autonomías. Actualmente, el 75% de los impuestos va al gobierno central y solo el 25% a las autonomías.
Torres propone un Pacto Fiscal en el que el 50% de los impuestos recaudados se quede en el gobierno central y el otro 50% en el departamento donde se genera la actividad económica.
Esto permitiría una mayor equidad en la distribución de recursos y mejoraría la situación financiera de las autonomías. Además, el alcalde criticó que desde 2008, solo la alcaldía de Tarija ha tenido que cubrir responsabilidades nacionales, con más de 1,260 millones de bolivianos debitados para programas como el Sistema Único de Salud (SUS ) y la Renta Dignidad.
Finalmente, destacó que el actual sistema favorece la acumulación de recursos en el gobierno central, mientras que las autonomías enfrentan una creciente carga de competencias sin los fondos necesarios.
Lea Plaza advierte graves consecuencias económicas por los resultados del Censo 2024
El asambleísta departamental de Tarija, Mauricio Lea Plaza, expresó su preocupación por los resultados del Censo 2024, afirmando que no son satisfactorios y que tendrán graves implicancias económicas.
Según Lea Plaza, la primera consecuencia es el recálculo de la coparticipación que recibirán los municipios. Si los datos del censo son incorrectos, se redistribuirán los recursos de manera inadecuada, lo que afectaría negativamente a varias regiones.
El segundo aspecto crítico es la delimitación de las circunscripciones electorales, ya que el área rural está sobre representada y el área urbana, subrepresentada. Para Lea Plaza, es necesario discutir y revisar la ley de circunscripciones para que refleje con mayor precisión la distribución de la población.
En tercer lugar, el pacto fiscal que debe establecerse con base en los resultados del censo también es motivo de preocupación. Lea Plaza mencionó que las inconsistencias en el crecimiento poblacional registrado en el censo y en los nuevos empadronamientos electorales muestran discrepancias que deben corregirse.
Finalmente, destacó que 8 municipios de Tarija perderán recursos por la coparticipación, resultando en una pérdida neta de 7.8 millones de bolivianos para el departamento, lo que afectará su economía.
