La Diputada Nacional de oposición, Luciana Campero Chávez, alertó que el Gobierno Nacional aprobará el Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2024 mediante decretos, alegando desacuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Campero expresó su preocupación por el uso de decretos para imponer resoluciones, destacando la contradicción con las críticas previas del presidente Luis Arce a los decretos durante la campaña electoral en la breve gestión de Jeanine Añez.
«El gran problema, yo creo, del Gobierno Nacional en este momento es imponer las resoluciones que les convienen a través de decretos, a través de decretazos, algo que llama poderosamente la atención porque Luis Arce en momentos de campaña a las elecciones presidenciales criticaba los decretos de Jeanine Añez, la llamaba dictadora por ello, pero este Gobierno ha empezado a sacar un sinfín de decretos, a este sinfín de decretos se suma el del Presupuesto General del Estado», señaló Campero.
La parlamentaria también denunció la falta de tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados después de su modificación en el Senado a causa del segundo receso de la ALP lo que imposibilita su aprobación por la vía legislativa tradicional.
Financiamiento al Banco Unión
Campero mencionó la situación del Banco Unión y cuestionó el financiamiento de más de 100 millones de bolivianos por parte del Estado. Expresó su desconcierto por la falta de justificación plena y la ausencia del Ministro de Economía en la defensa del presupuesto.
«Imagínense que a la hora de ir a defender el presupuesto general del Estado (PGE), ni siquiera ha aparecido el ministro de Economía quien ha tenido que hacer la defensa, ha sido un diputado, no se puede aprobar normas sin que ni siquiera se las justifique», afirmó la Diputada.
Campero destacó que la situación del Banco Unión es motivo de preocupación y señaló que, durante el receso legislativo dictado por el presidente nato de la Asamblea, se perjudica a la población boliviana al no abordar temas cruciales.
Esta advertencia se suma a las críticas de la oposición sobre el accionar del Gobierno en la aprobación de normativas mediante decretos, sin el debido proceso legislativo y la transparencia requerida.