La Asamblea Departamental de Tarija se encuentra en una situación financiera delicada, con un déficit de más de 3 millones de bolivianos en su presupuesto para el año 2023. Este problema, de no resolverse, podría afectar el pago de salarios a partir de octubre y poner en riesgo el cumplimiento de los aguinaldos.
Mauricio Lea Plaza Peláez, Asambleísta Departamental, reveló que el “hueco financiero” se debe a que la actual directiva de la Asamblea no ha aplicado la nueva escala salarial en el presupuesto. Aclaró que el déficit no se originó por gastos excesivos de la administración anterior, ya que esta solo gastó el 35% del presupuesto cuando podía gastar hasta el 42%.
“…la anterior directiva tenía para gastar el 42% el presupuesto y solo ha gastado el 35% el presupuesto…”
¿Falta de acción?
La falta de acción por parte de la directiva actual para presentar una modificación presupuestaria que cubra este déficit ha generado preocupación entre los asambleístas, explicó Lea Plaza Peláez quien también enfatizó que, de no aprobarse una ley modificatoria del presupuesto, la Asamblea no podrá pagar los salarios desde octubre y tampoco podrá cumplir con el pago de aguinaldos.
En cuanto a los plazos, el asambleísta advirtió que cada día que pasa complica aún más la situación, ya que el déficit continúa aumentando. La falta de una respuesta concreta por parte de la directiva actual ha generado inquietud y se espera una acción urgente para resolver esta crisis financiera.
“…o sea, cada día que pasa es más difícil llenar el hueco porque el hueco se va aumentando, vamos a llegar a fin de mes y vamos a tener otra vez un aumento en el hueco…”
Lea Plaza Peláez aclaró que el déficit actual no tiene relación con la administración anterior y que la responsabilidad recae en la directiva actual de la Asamblea. Instó a la directiva a recortar gastos no esenciales dentro de su techo presupuestario para garantizar el pago de salarios y estabilizar las finanzas de la institución.
El asambleísta también abordó otros temas, como la demora en la aprobación de la Ley de Juventudes y la Ley de Salvemos el Río Guadalquivir, señalando que la gestión actual de la Asamblea ha sido sectaria y responsable, lo que está generando consecuencias negativas para la institución y la ciudadanía en general.