Yolanda Herrera Hoyos, Presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, expresó su profunda indignación por la muerte de un detenido en la cárcel de Bermejo, presuntamente a manos de efectivos policiales. La víctima, detenida por deudas de pensión familiar, habría sido sometida a golpizas y tortura, según denuncias de la familia.
Las activistas de derechos humanos de Bermejo acompañaron a la familia desde el momento en que reportaron que el detenido estaba siendo golpeado dentro de la carceleta. Herrera exigió la aplicación del protocolo de Estambul, un estándar de derechos humanos que requiere una investigación exhaustiva con un equipo multidisciplinario y documentación respaldatoria.
La líder de derechos humanos destacó que se realizará un seguimiento cercano del proceso administrativo iniciado por la policía y del proceso penal iniciado por la familia. Además, señaló la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades, centrándose en las autoridades responsables, como el director de la cárcel de Bermejo y el director departamental.
Herrera subrayó la gravedad del caso, evidenciando el deterioro en la formación policial y la normalización del «matonaje policial». Insistió en que el abuso de autoridad y la falta de respeto a los derechos humanos están afectando negativamente a la institución policial en su conjunto.
En cuanto a la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos especificó que se dirigiría a las autoridades responsables de la cárcel de Bermejo y a las autoridades departamentales, señalando que los efectivos policiales no están cumpliendo con las normativas y procedimientos establecidos para el tratamiento de detenidos.
El informe forense y la autopsia revelaron signos de trato inhumano, degradante y humillante, lo que refuerza la denuncia de tortura. Herrera destacó que este caso debería ser emblemático para frenar el abuso policial y la violación de los derechos humanos en el sistema penitenciario boliviano.
Finalmente, Herrera expresó su preocupación por la normalización del abuso de poder y «matonaje» en las cárceles, destacando la importancia de tomar medidas urgentes para detener esta situación, ya que genera inseguridad en la sociedad.