El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza Peláez expresó su descontento con la respuesta del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Alan Barca, frente a las denuncias de corrupción en la contratación de medios de comunicación “fantasmas”.
Lea Plaza lamentó la actitud de Barca, quien, según él, ha asumido un papel similar al de Pilatos al intentar desestimar las denuncias, atribuyendo la situación a un ataque político. Considera que, en lugar de descalificar la denuncia, Barca debería asumir su responsabilidad como líder de la Asamblea Legislativa, ya que él es quien dirige el órgano y debe conocer las actividades que realiza.
“… ¿quién define el Plan de Medios? ¿Lo define la Oficial Mayor? No creo, la Oficial Mayor paga y firma los contratos, pero ¿quién define a qué medio se contrata? ¿El director de comunicación solo? No, o sea aquí hay una responsabilidad directa y hay una participación del presidente de la Asamblea y de la propia directiva.”
Respecto a la documentación que señala que Barca no firmó los contratos, sino que lo hicieron el Oficial Mayor y el director de comunicación, Lea Plaza enfatizó que se investigará la responsabilidad individual de cada uno. Destacó que el presidente de la Asamblea tiene un rol decisivo en la selección de medios de comunicación contratados y, por lo tanto, también es responsable.
Sobre las acusaciones de ser un «mandado» del gobernador y de fiscalizar por motivos políticos, Lea Plaza rechazó estas afirmaciones y subrayó que está cumpliendo con su deber de denunciar actos de corrupción, independientemente de su color político.
¿Falta de Gobernabilidad?
Respecto al posible cambio en la dinámica política de la Asamblea, con la incorporación asambleístas representantes Weenhayek en la misma línea de Barca y el MAS, Lea Plaza sugirió que podría haber sorpresas en los próximos días, insinuando cambios en la titularidad de los curules, en el entendido de que cinco actuales asambleístas habrían cometido transfugio.
Esta situación revela tensiones políticas en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, donde las denuncias de corrupción han generado un debate sobre la responsabilidad de los líderes del órgano legislativo frente a estas acusaciones.