El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha intensificado la represión contra las manifestaciones sociales, como quedó demostrado durante la votación de la «Ley Bases» el 12 de junio. Las fuerzas de seguridad, bajo un protocolo antipiquetes, intervinieron de manera violenta, resultando en más de 200 heridos y 33 detenidos. Los manifestantes denunciaron un operativo desproporcionado que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
Entre los detenidos se encontraban personas que ni siquiera participaban en la protesta, como Luis Alberto de la Vega, una persona en situación de calle que fue arrestada arbitrariamente. Los testimonios relatan escenas de terror en las calles, donde la policía motorizada persiguió y detuvo a individuos de manera indiscriminada. Este ambiente de represión fue acompañado por declaraciones del gobierno que felicitaban a las fuerzas de seguridad por su actuación.
El trato a los detenidos fue severo, con denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles. A pesar de la fuerte represión, varias organizaciones sociales y familiares de los detenidos lograron movilizarse para exigir su liberación. La jueza María Servini ordenó la excarcelación de la mayoría de los detenidos, aunque algunos aún permanecen en prisión preventiva.
Este incremento en la represión ha generado una fuerte reacción de organismos nacionales e internacionales. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por la situación en Argentina. Organizaciones locales, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, han solicitado intervenciones para detener esta escalada de violencia y proteger los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.
Vía: El País (España)
