Las próximas elecciones municipales en Chile, programadas para el 27 de octubre, marcarán la primera vez que el voto será obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Esta medida, que ya se aplicó en los procesos constitucionales de 2022 y 2023, se implementará para la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. El gobierno de Gabriel Boric ha presentado una propuesta de veto ante el Congreso para abordar aspectos controversiales, como la multa por no votar y la participación de extranjeros en el proceso electoral.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció que el veto busca corregir elementos de una ley aprobada por el Congreso, incluyendo la reposición de una multa por no sufragar y la regulación del voto de los migrantes con más de cinco años de residencia regularizada en Chile. La propuesta fija una multa única de 33.000 pesos (34 dólares) para quienes no cumplan con la obligación de votar, eliminando excepciones previas para mayores de 70 años y mujeres embarazadas.
El artículo 14 de la Constitución chilena garantiza el derecho al voto a los extranjeros que han residido en Chile por más de cinco años. Sin embargo, la propuesta de veto del gobierno establece que estos residentes también estarán sujetos a la sanción por no votar, lo que ha generado un intenso debate político. Mientras algunos sectores de la izquierda abogan por mantener el voto voluntario para los migrantes, otros temen que la inclusión de este grupo pueda influir en los resultados electorales.
La oposición ha criticado la propuesta de veto, argumentando que busca manipular las reglas del juego electoral. El diputado Diego Schalper de la derecha tradicional, ha señalado que existe un temor en la izquierda de que los migrantes voten a favor de la oposición. Esta controversia refleja la incertidumbre sobre la orientación ideológica del voto extranjero, en medio de un creciente flujo migratorio en el país.
Vía: El País (España)
