La situación en Bolivia se encuentra sumamente tensa debido a una serie de conflictos sociales y económicos que afectan al país. Entre estos problemas destacan la escasez de dólares, dificultades en el suministro de carburantes, y el rechazo a diversas normativas gubernamentales.
La semana próxima, el transporte pesado ha anunciado piquetes y bloqueos como parte de sus protestas, sumándose a otros gremios descontentos con el Gobierno.
Una de las principales causas de movilización es el rechazo al Decreto Supremo 4732, que regula prácticas comerciales en la venta de inmuebles. Tanto gremiales como facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) han exigido su eliminación, argumentando que la normativa afecta negativamente sus intereses. Las protestas por este motivo ya se han manifestado en Cochabamba y se espera una nueva reunión para discutir el decreto en Santa Cruz el 3 de junio.
Otra área de conflicto es la implementación de la facturación electrónica, que los gremiales consideran onerosa y problemática, llamándola «fábrica de multas». Además, el Decreto Supremo 5146, que regula los contratos de transporte internacional, ha provocado enfrentamientos entre el sector del transporte pesado y el Gobierno. Las autoridades han ofrecido diálogo, pero los transportistas insisten en bloqueos y movilizaciones hasta que se abrogue la norma.
El “evismo” dentro del MAS ha intensificado sus críticas al Gobierno, defendiendo a Evo Morales y oponiéndose a varias políticas actuales. Además de los conflictos mencionados, las demandas incluyen la destitución de altos funcionarios como Karina Serrudo de la Aduana Nacional y Mario Cazón de Impuestos Nacionales, así como la reanudación del proceso de preselección judicial, estancado por disputas internas y procedimientos legales. La combinación de estos problemas crea un clima de inestabilidad e incertidumbre en Bolivia.
