Marina Ruíz Valdivieso, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar), declaró que el año 2023 fue un período desafiante para las industrias y comercios legales en Bolivia. La problemática principal identificada fue el masivo contrabando, que se ha convertido en una competencia desleal para el sector.
Ruíz Valdivieso compartió preocupantes cifras, señalando que el contrabando alcanzó la asombrosa suma de 3.300 millones de dólares en el transcurso del año. Este fenómeno, que se ha incrementado constantemente, ha tenido un impacto significativo en la industria productiva no solo de Tarija, sino de todo el país.
Los estudios, investigaciones y trabajos realizados por la Cámara Nacional de Industria respaldan estas cifras, según la presidente de Caincotar. Al ser cuestionada sobre los rubros más afectados, Ruíz Valdivieso destacó que alimentos, bebidas y medicamentos han sufrido especialmente las consecuencias del contrabando.
La líder de Caincotar admitió que ha habido cierres y contracciones de empresas. Para mantenerse en el mercado, muchas empresas se han visto obligadas a reducir empleados, optimizar recursos y aumentar la productividad.
Informalidad
La creciente informalidad en Bolivia, manifestó Ruíz Valdivieso es preocupante e indicó que esta se sitúa en torno al 73-74%. Para superar esta situación, la Presidente de Caincotar abogó por un conjunto de medidas que incluyen cambios en las leyes, apoyo al sector productivo y la revisión del régimen impositivo. En este sentido, señaló que la existencia de un régimen general y un régimen simplificado crea una competencia desleal entre los comercios legalmente establecidos y los informales.
Finalmente, la presidenta de Caincotar hizo un llamado a la población para que, durante la temporada de aguinaldo, consuma productos hechos en Bolivia. Instó a evitar el fomento del contrabando y a utilizar estos recursos para impulsar la producción nacional.
El Apunte Informativo:
Marina Ruíz Valdivieso dijo que la subvención de carburantes calificándola como insostenible y perjudicial para el sector productivo del país y del departamento. Se destacaron los fuertes impactos en sectores como el transporte y algunas empresas productivas, así como en la población en general.