La población carcelaria en Bolivia ha experimentado un aumento significativo, de 18 mil a casi 30 mil reclusos entre 2022 y 2024. En respuesta a esta crisis, la
Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el Decreto Presidencial 5137 de Indulto y Amnistía por Razones Humanitarias.
En Tarija, la situación es particularmente grave, con algunos internos en el penal de Morros Blancos durmiendo sobre cartones debido al hacinamiento extremo.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reconoció el colapso de las cárceles y advirtió sobre una posible catástrofe si no se encuentra una solución.
En contraste, el Ministerio de Gobierno impulsa una ley llamada “Lo ajeno se respeta”, que podría agravar aún más el hacinamiento. El decreto presidencial busca beneficiar a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades terminales, embarazadas y madres lactantes.
El Decreto Presidencial 5137, enviado por el presidente Luis Arce Catacora y aprobado en comisión en abril, espera su validación en el Senado. Este decreto fue votado favorablemente por dos tercios de los parlamentarios tras aprobar leyes contra la prórroga de autoridades judiciales.
La norma generó protestas pacíficas en distintas cárceles, donde los internos exigieron su aprobación y mejores condiciones de vida.
En Tarija, las condiciones de hacinamiento en centros como Morros Blancos son insostenibles. Con una capacidad inicial para 200 personas, la cárcel ahora alberga a más de mil reclusos, muchos de los cuales viven en condiciones insalubres.
La Defensoría del Pueblo y colegios de abogados han pedido una política integral para abordar la criminalidad, enfocándose en la mejora de la infraestructura penitenciaria y programas de reinserción social.
Vía: El País
