Luis Lema Molina, Asambleísta Departamental de Tarija, identificó cuatro factores negativos que se benefician de la subvención al precio del diésel en Bolivia. En sus declaraciones, Lema Molina detalló cómo el narcotráfico, la minería aurífera, el contrabando y los autos chutos contribuyen al derroche millonario de recursos, aprovechándose de la subvención a los carburantes.
El asambleísta destacó el preocupante incremento en el gasto destinado a la subvención de carburantes, pasando de 239 millones de dólares en 2005 a más de 3.000 millones de dólares en 2022, representando un aumento porcentual de más del 1,200%. Lema Molina cuestionó este crecimiento y señaló que es crucial analizar las razones detrás de este fenómeno.
En cuanto al narcotráfico, el asambleísta realizó un impactante cálculo, indicando que un kilo de pasta base de cocaína requiere 284 litros de gasolina para su fabricación. Utilizando datos de la Oficina Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, afirmó que Bolivia exportó 312 toneladas de cocaína en 2022, lo que equivaldría a 88.6 millones de litros de gasolina, generando un ingreso de aproximadamente 110 millones de dólares.
Lema Molina también abordó el tema de la minería aurífera, señalando que cerca de 500 millones de dólares se destinaron a este sector, lo que equivale a más de 400 millones de litros de diésel. Agregó que el sector aurífero supera los 250 millones de litros que, según el Ministerio de Hidrocarburos, se desvían al mercado ilegal, generando una pérdida de 311 millones de dólares.
Los autos chutos, vehículos ilegales, fueron mencionados como otro factor que contribuye al consumo de combustible subvencionado. Lema Molina sugirió que estos vehículos podrían consumir más que el sector aurífero, destacando la necesidad de abordar este problema.
Finalmente, el asambleísta abogó por enfrentar estos cuatro ejes problemáticos antes de considerar un aumento en el precio de los carburantes. Hizo un llamado a la Fiscalía para que intervenga y investigue posibles actos de corrupción, resaltando la necesidad de una reingeniería y despolitización de YPFB para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión de recursos. Además, instó a la población a recordar las promesas incumplidas del gobierno y la importancia de abordar la crisis estructural en el sector hidrocarburífero.