La señora Elizabeth Dávalos, Presidente de la Asociación de los hijos de excombatientes y beneméritos de la Guerra del Chaco, ha denunciado que miembros de la Federación de excombatientes de Ñancahuazu están intentando vender la sede de los inválidos de excombatientes de la guerra del Chaco.
En la entrevista, Dávalos expresa su preocupación por el hecho de que se esté poniendo a la venta un patrimonio histórico tan importante como la sede de los inválidos. Hace hincapié en que los patrimonios históricos deben ser respetados y menciona leyes promulgadas por el expresidente Evo Morales y el exgobernador Adrián Oliva, que establecen la protección de estos bienes en Tarija.
Dávalos, enfatiza que los hijos de excombatientes no permitirán que se lleve a cabo esta venta, ya que incluso cuando sus padres estaban vivos, les habían prestado el lugar en algunas ocasiones para reuniones. Sin embargo, tras el fallecimiento de los excombatientes, los miembros de la federación de excombatientes de Ñancahuazu se apropiaron abusivamente de la sede.
La entrevistada cuestiona la afirmación de los miembros de la federación de que han llevado a cabo un proceso de usucapión, ya que nunca se ha colocado un letrero que indique dicho proceso. Según sus averiguaciones en el juzgado, le informaron que dicho procedimiento no procedía y lo habían archivado. Dávalos también ha buscado apoyo en la Dirección de Orden Territorial, dependiente de la alcaldía, y cuenta con documentos que respaldan sus reclamos.
La señora Dávalos enfatiza que han pasado mucho tiempo sin recibir apoyo de las autoridades para recuperar la sede. Por lo tanto, ahora, considera fundamental tomar medidas para evitar la venta de este bien inmueble y solicitará el apoyo de las autoridades competentes.
Respecto a quiénes están intentando apropiarse de la sede, Dávalos menciona que son jubilados militares que se autodenominan defensores de la guerrilla en Ñancahuazu. Afirmó que han tomado posesión abusiva de la sede, colocando candados y negándoles el acceso.
La señora Dávalos adelanta que tomarán acciones para impedir la venta, ya que considera que un bien social no puede ser vendido, ya que no es un patrimonio privado ni personal. Según su información, la superficie de la sede es de aproximadamente 240 metros cuadrados y están pidiendo 240 mil dólares por ella.