La participación de organizaciones políticas sin personería jurídica en elecciones nacionales o subnacionales se enfrenta a desafíos y controversias, ya que estas agrupaciones deben «alquilar» una sigla para poder participar, lo que implica acuerdos económicos o ventajosos en las listas de candidatos.
Estas transacciones se han vuelto comunes, generando preocupaciones sobre la legitimidad y la fiscalización electoral.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclara que estos acuerdos al margen de la institucionalidad no están contemplados en la ley, lo que plantea desafíos en términos de fiscalización y regulación. Además, las organizaciones políticas sin personería jurídica enfrentan limitaciones legales para participar en elecciones, lo que genera una situación de exclusión en el proceso político.
Analistas políticos critican este fenómeno, calificando a las organizaciones políticas que ofrecen su sigla a cambio de beneficios como «taxipartidos», carentes de liderazgo propio y con un enfoque meramente oportunista. Se destaca la necesidad de una revisión de la normativa para facilitar la formación de nuevos partidos políticos y promover una participación más inclusiva en el proceso electoral.
Vía: Los Tiempos