En una entrevista, el diputado nacional Juan José Huanca Mamani ha expresado su opinión sobre el caso del supuesto suicidio del interventor del Banco Fassil y ha destacado la necesidad de una investigación a fondo, ya que considera que hay muchos intereses en juego.
Ante la pregunta sobre su opinión sobre el caso, Huanca Mamani afirma que es fundamental esclarecer los hechos, tal como ha sido solicitado por el presidente. Destaca la importancia de que las autoridades competentes realicen su trabajo, ya que se trata de un tema sumamente delicado. Además, menciona el caso del comunicador Junior Arias, quien abandonó el país debido a que su familia le pidió precautelar su integridad física. Arias había revelado una lista de empresarios implicados en la quiebra del Banco Fassil de Santa Cruz.
El diputado resalta las numerosas coincidencias y la oscuridad que rodea este asunto, recordando casos anteriores, como el del exasesor y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien también falleció en circunstancias similares. Huanca Mamani sugiere que estas personas estaban sacando a la luz una serie de aspectos, entre ellos, la lista de empresarios involucrados en la quiebra del Banco Fassil, lo cual llama la atención. En este sentido, se une al pedido de esclarecimiento del caso.
Cuando se le pregunta si el gobierno nacional podría estar implicado, el diputado señala que el gobierno envía a uno de sus mejores elementos para llevar a cabo esta tarea de defensa concreta. Destaca que este interventor estaba avanzando en la investigación y que, casualmente, falleció y se suicidó. Huanca Mamani insta a analizar y valorar quiénes podrían haber sido afectados y expuestos por este interventor, lo cual podría explicar la molestia generada. Enfatiza la necesidad de que el gobierno y el Ministerio Público realicen su trabajo de manera rigurosa y esclarezcan todos los detalles, ya que resulta inaceptable que alguien supuestamente se suicide cuando se está llegando a la verdad histórica de los hechos.
El diputado subraya la necesidad de precautelar la seguridad de este tipo de autoridades, como el interventor, y señala que incluso los propios diputados sufren amenazas cuando abordan temas sensibles. Destaca que todos, incluyendo comunicadores, políticos y ciudadanos en general, deben ser resguardados, ya que en este tipo de casos hay intereses económicos en juego. Menciona el caso del comunicador que abandonó el país para proteger su integridad.