Gustavo Rodríguez Velásquez, director del comité cívico y representante de una institución afiliada, expresó su desacuerdo con la convocatoria al Congreso de la Tarijeñidad y la elección de nueva dirigencia cívica.
Uno de los puntos relevantes de su descontento es la asignación de la segunda vicepresidencia a la Federación del Autotransporte 15 de abril, la cual, según Rodríguez, no fue discutida ni acordada en el Congreso de la Tarijeñidad. Según él, se había acordado que la vicepresidencia estaría en manos del transporte, por lo que todas las instituciones de transporte afiliadas al comité cívico deberían votar o ponerse de acuerdo al respecto.
Ante la posibilidad de subsanar esta situación, Rodríguez planteó que en la instalación de la plenaria se deje sin efecto la asignación directa de la segunda vicepresidencia y se permita que todas las instituciones afiliadas al comité cívico del transporte elijan a su representante en dicha cartera. Aclaró que podría ser cualquier institución de transporte libre, volqueteros u otra federación, siempre y cuando todas tengan los mismos derechos y no exista un privilegio vitalicio para alguna institución en particular.
Respecto a la convocatoria y el privilegio otorgado a la Federación del Transporte 15 de abril, Rodríguez indicó que se basan en un estatuto de 2019 que considera ilegal, ya que nunca se realizó un congreso estatutario desde 2005. Según él, en los últimos cuatro congresos de la Tarijeñidad, se recomendaba la realización de dicho congreso, pero no se llevó a cabo ni en la gestión anterior ni en la actual. En relación a la responsabilidad por la falta de congreso estatutario, Rodríguez reconoció que también es corresponsable, pero ha pedido en repetidas ocasiones que se lleve a cabo.
La postura de Gustavo Rodríguez Velásquez refleja la discrepancia que existe en relación a la convocatoria al Congreso de la Tarijeñidad y la forma en que se está llevando a cabo la elección de la nueva dirigencia cívica, especialmente en lo que respecta a la asignación de cargos y la falta de un congreso estatutario que brinde transparencia y legitimidad al proceso.