Las tres principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) —el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— se presentan hoy con posturas divididas para la sesión del pleno en la que se debatirán las postulaciones preseleccionadas para las elecciones judiciales. La determinación de los legisladores, que requiere una votación de dos tercios, definirá si las listas se remitirán al Órgano Electoral para organizar los comicios o si se convocará nuevamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debido a la falta de postulantes mujeres e indígenas.
El MAS arcista propone declarar desierta la convocatoria en los departamentos donde no se cumplieron los criterios de equidad e inclusión indígena. Juan José Jauregui, presidente de la Comisión de Constitución, sugirió emitir una nueva convocatoria con plazos más cortos, de aproximadamente tres semanas, justificando su postura por la falta de postulantes en varios departamentos. Sin embargo, esta postura es rechazada por el MAS evista y CC, quienes abogan por la aprobación de las elecciones judiciales en los nueve departamentos.
El diputado evista Héctor Arce advirtió sobre el riesgo de no realizar las elecciones judiciales si el proceso se prolonga con una nueva convocatoria. Enrique Urquidi, jefe de la bancada de CC, afirmó que la Constitución es clara y que las elecciones judiciales deben convocarse para el Tribunal Constitucional y todo el Órgano Judicial, argumentando que una nueva convocatoria tomaría al menos tres meses. Por su parte, el diputado de Creemos, Erwin Bazan, cuestionó la preselección de los postulantes debido a denuncias de fraude en la evaluación y expresó dudas sobre la idoneidad de los candidatos.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado que recibirán listas bien elaboradas de candidatos para los altos cargos del TCP y del Órgano Judicial, asegurando que se contemplarán criterios de equidad e inclusión indígena. En estas elecciones judiciales, la población elegirá a 23 magistrados para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional (TCP) y Agroambiental (TA), y a tres miembros del Consejo de la Magistratura (CM).
