La consultora Gas Energy Latin America (GELA) estima que, bajo la actual política hidrocarburífera boliviana, para el año 2030 el país podría enfrentar un déficit comercial energético de alrededor de $5,500 millones y una subvención a los hidrocarburos de $3,300 millones.
Según datos del Gobierno nacional, en 2021, la subvención a los hidrocarburos fue de 618 millones de dólares, en 2022 subió a 684 millones, para 2023 se presupuestaron 1.091 millones y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 calcula un monto de 1.400 millones de dólares. El GELA calcula que las cifras de subvención son mucho mayores a las señaladas por el Gobierno y estima que sólo este año se destinarán 2.400 millones de dólares para la subvención.
Estas proyecciones toman en cuenta la importación prevista de GLP a partir de 2024 y un precio del barril de petróleo a $80. La balanza hidrocarburífera de Bolivia ha mostrado déficits desde 2022, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad de la política de subvenciones y su impacto en la inversión en sectores como salud y educación.
El PGE 2024 destinará mil millones de dólares para nuevos contratos petroleros y 3.428 millones de dólares para la compra de diésel y gasolina (mayoreo) y sólo 962 millones de dólares para inversión pública en salud, educación y otros.
La Ley 3058 de Hidrocarburos también ha sido criticada por desincentivar la producción nacional al imponer altos impuestos y cotizaciones bajas a los productores locales.
Vía: Los Tiempos