La Gobernación de Tarija garantizó la ejecución de los programas sociales en 2025, desmintiendo las afirmaciones de la asambleísta Romina Salazar, quien aseguró que una nueva normativa pondría en riesgo iniciativas como la canasta alimentaria y el Prosol.
El secretario de Desarrollo Productivo, Efraín Rivera, reiteró que ambos programas están consolidados en el presupuesto aprobado, con 35 millones de bolivianos destinados a la canasta alimentaria para adultos mayores y 33 millones al Prosol, que será reorientado para ser 100% productivo.
Rivera subrayó que los presupuestos departamentales se ajustan a los recursos disponibles y recordó que, desde el inicio de la gestión del gobernador Óscar Montes, se ha priorizado la revisión de cerca de 100 leyes departamentales consideradas inaplicables por falta de financiamiento.
Estas incluyen normativas simbólicas, como la ley del rosquete o la huminta, que no responden a los pilares estratégicos de producción, educación y salud establecidos por la gobernación.
En respuesta a las declaraciones de Salazar, Rivera enfatizó que no hay intención de eliminar los programas sociales y destacó el impacto positivo de iniciativas productivas en el departamento, como el apoyo a empresas locales para proveer alimentos para la canasta alimentaria.
Este enfoque, señaló, genera empleo y promueve el desarrollo económico regional. Además, mencionó el fortalecimiento de sectores productivos como la agroindustria a través de entidades como el Cevita.
La polémica surge a raíz de un artículo en el proyecto de Ley de Organización del Ejecutivo (LOE), que establece la abrogación de normas departamentales que comprometan recursos financieros sin garantizar sostenibilidad.
Salazar expresó su preocupación por el impacto en la población vulnerable, pero la Gobernación reiteró que los programas sociales seguirán siendo prioritarios dentro del marco de austeridad y disciplina fiscal.
