La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) ha denunciado que el gobierno de Luis Arce está negociando con sectores interculturales para flexibilizar las regulaciones ambientales, a pesar de los severos daños causados por incendios forestales. Esta decisión pone en riesgo la protección de ecosistemas, ya que el Ejecutivo parece dispuesto a ceder a las presiones políticas en lugar de mantener sus compromisos con la conservación ambiental.
La Contiocap acusó al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lispenger, de comprometerse a modificar los decretos 5203 y 5225, que imponen sanciones por quemas ilegales y establecen una pausa ecológica necesaria para frenar los chaqueos. La aparente intención del Gobierno de permitir el retorno a estas prácticas destructivas refleja una preocupante transacción política que podría agravar la crisis ambiental en el país.
Este cambio de rumbo contradice el discurso del Gobierno, que se presenta como defensor del medio ambiente en foros internacionales, mientras en el ámbito interno favorece negociaciones con sectores que promueven la destrucción del patrimonio natural. La Contiocap señala que las presiones de organizaciones que disfrazan sus prácticas de «agroecológicas» amenazan la biodiversidad y socavan la lucha contra el cambio climático.
Finalmente, la Contiocap advierte que la modificación del decreto 5203 incentivará las quemas descontroladas y agravará la crisis de biodiversidad, además de poner en riesgo los recursos hídricos y las comunidades indígenas. Esta situación plantea serias dudas sobre la sinceridad del discurso ambiental del Gobierno y deja a la ciudadanía preguntándose cuánto tiempo más tolerarán estas decisiones que afectan el futuro de su entorno natural.
Vía: El Diario
