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Gobierno evalúa puentes aéreos para garantizar el suministro de alimentos ante bloqueos evistas

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, ha anunciado la posibilidad de activar puentes aéreos para transportar alimentos a las ciudades afectadas por el bloqueo promovido por el sector evista.

Esta medida, que podría implicar un alto costo para el Estado, busca mitigar el impacto de los bloqueos que ya cumplen siete días, garantizando así el abastecimiento de productos a la población. Silva destacó la intención del Gobierno de utilizar todos los recursos disponibles, incluidas rutas alternas y transporte aéreo, para enfrentar esta crisis.

El viceministro también indicó que, junto a un equipo del Comité de Seguridad Alimentaria, se están realizando operativos masivos para controlar los precios y combatir la especulación en los mercados de La Paz y El Alto. La autoridad señaló que la situación de los bloqueos ha generado un aumento en los precios de productos básicos, afectando tanto a los comerciantes como a los consumidores. «Este bloqueo está provocando una situación negativa no solo para los trabajadores del sector, sino también para la población que enfrenta dificultades para acceder a los productos», afirmó Silva.

Desde el lunes pasado, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha estado realizando bloqueos centrados en Cochabamba, lo que ha afectado el tránsito entre las regiones del país. Esta paralización ha contribuido al desabastecimiento de alimentos y combustibles, así como al incremento de precios en la canasta familiar. Las protestas están dirigidas contra la gestión económica del Gobierno actual y en defensa del expresidente Evo Morales, quien se enfrenta a serias acusaciones legales.

El Gobierno ha mostrado su preocupación por el impacto de estos bloqueos y ha intensificado sus esfuerzos para garantizar el acceso a alimentos a la población afectada. Silva subrayó que se mantendrán los controles de precios y se reforzará la lucha contra el agio y la especulación, con el objetivo de proteger tanto a los consumidores como a los productores afectados por la crisis política y económica en curso.

Vía: La Razón


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