Los gobiernos departamentales de Bolivia enfrentan un desafío financiero considerable, ya que tienen que cumplir con un total de 59 competencias establecidas por la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, solo reciben en promedio el 2.9% del Presupuesto General del Estado (PGE), lo que representa una proporción mínima de recursos para la ejecución de sus responsabilidades.
Estas competencias abarcan áreas cruciales para la sociedad, como la salud, la educación y el desarrollo económico local. A pesar de ello, la participación de los gobiernos departamentales en el PGE está disminuyendo, pasando del 3.20% en 2021 al 2.70% en el presente año. Esta situación refleja una clara incoherencia entre las responsabilidades asignadas y los recursos disponibles.
La falta de recursos sostenibles es un problema significativo para las autonomías departamentales, que dependen principalmente de las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ambos vinculados a la renta petrolera.
A diferencia de los municipios, cuyos ingresos son más diversificados y sostenibles, las gobernaciones enfrentan una mayor vulnerabilidad financiera debido a esta dependencia de recursos no renovables.
La urgencia de un nuevo pacto fiscal en Bolivia se hace evidente ante esta situación, con la necesidad de una redistribución equitativa de la renta nacional en función de las competencias asignadas a cada nivel de gobierno.
Es fundamental abordar esta cuestión para garantizar la viabilidad financiera de los gobiernos departamentales y municipales, así como para asegurar la prestación efectiva de servicios públicos a la población.