La concejala Raquel Ramos es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y trabaja en conjunto con otros concejales para tomar medidas urgentes y detener la explotación ilegal de áridos.
Ramos denuncia una explotación ilegal de áridos en el río Guadalquivir que está dañando seriamente el ecosistema de la zona. La explotación se está llevando a cabo sin ninguna autorización y en varios puntos críticos del cercado, como Bella Vista, San Andrés, San Blas, Yesera y Santa Ana, afectando a muchas subcentrales. Además, asegura que nadie está velando por el cumplimiento de las normativas y que se está produciendo una explotación irracional de los áridos del valle central de Tarija.
Para intentar resolver la situación, la concejala presentó una modificación de la ley 149, que está en vigor, con el objetivo de regularizar la explotación y controlar el funcionamiento de las chancadoras de piedra, que son las que extraen los áridos. Sin embargo, el alcalde ha observado la normativa en dos ocasiones, lo que, según la concejala, está beneficiando a la explotación ilegal.
Raquel Ramos no tiene un número exacto de chancadoras de piedra en la zona, pero asegura que son muchas y que se llevará a cabo una inspección conjunta con la Comisión de Medio Ambiente para evaluar la situación.
El alcalde de la ciudad de Tarija está generando controversia al observar modificaciones a la ley municipal que regulan la extracción de áridos en la zona señala la autoridad munícipe y destacó que la normativa establece los roles del municipio y el ejecutivo. Aunque existe un órgano regulador, el ejecutivo es el encargado de realizar la parte administrativa, incluyendo la inspección y verificación de la extracción.
La concejala explicó que el órgano regulador, que inicialmente estaba conformado por el Consejo Municipal, la central de campesinos, las comunidades productoras y los regantes, ha sido rechazado por el alcalde sin tomar en cuenta que estos comités son los encargados de determinar dónde se puede o no extraer los áridos y cuidar el medio ambiente.
Según la entrevistada, el alcalde solo quiere emitir autorizaciones a través de resoluciones administrativas, eliminando así el control social y la fiscalización. La ley municipal debía haber sido promulgada el 28 de marzo de 2023, pero aún está en espera de la respuesta del alcalde.