El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, explicó que una vez que los terrenos han sido saneados y registrados en Derechos Reales, cualquier conflicto sobre estas tierras debe ser resuelto por los tribunales agroambientales. Estas declaraciones surgen tras recientes avasallamientos en Santa Cruz, donde los productores exigen medidas legales más estrictas contra los invasores.
Núñez resaltó que la regularización de tierras no solo garantiza el saneamiento y la titulación, sino también la seguridad jurídica para los propietarios, permitiéndoles defender sus derechos ante cualquier usurpación. Desde que el presidente Luis Arce asumió el cargo, se ha avanzado significativamente en este proceso, alcanzando un 93% de regularización de tierras a nivel nacional, con la meta de llegar al 100% para 2025.
Durante el gobierno de Arce, se han entregado más de 207.000 títulos de propiedad, principalmente a pequeños productores y comunidades indígenas. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos financieros debido a la interrupción del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El gobierno ha solicitado un nuevo crédito de 40 millones de dólares para finalizar el saneamiento pendiente en todo el país.
A pesar de los avances, aún quedan 7,4 millones de hectáreas por regularizar, con un enfoque en la mediana propiedad y la empresarial. En Santa Cruz, el 95% de las tierras ya ha sido regularizado, pero los avasallamientos recientes subrayan la necesidad de reforzar la aplicación de la ley para proteger a los propietarios.
Vía: El Deber
