El Asambleísta Legislativo Departamental de Tarija, Luis Lema Molina, hizo una declaración alarmante sobre la transferencia de competencias nacionales desde Tarija, que asciende a más de 800 millones de bolivianos en los últimos 12 años. Molina destacó que esta transferencia ha debilitado la economía de Tarija, que ya se ve afectada por una disminución en los ingresos del gas y la producción de gas en la región.
El asambleísta explicó: «Por ejemplo, veamos la renta de dignidad. En 12 años se han transferido 537 millones de bolivianos. La renta de dignidad, todos sabemos que es una ley que venía a 3791, pero que en esa época había recursos, ahora ya no hay. Sólo por mes estás hablando de más de 3.700.000 bolivianos que se paga y por año estás hablando de 48 millones de bolivianos».
El Asambleísta mencionó que Tarija también se hace cargo de 13 competencias nacionales, incluyendo el Observatorio Santa Ana, Casa de la Cultura, Museo Nacional Paleontológico, Título Bachiller y la Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, entre otras. Esta transferencia de competencias ha afectado la capacidad de Tarija para financiar programas y servicios a nivel local.
Es necesario modificar leyes
Lema Molina enfatizó la necesidad de modificar estas leyes y transferir la responsabilidad de estas competencias nuevamente al gobierno central. Argumentó que Tarija ya no puede sostener este gasto y que se necesita un cambio para garantizar que la región no se quede sin recursos para programas sociales esenciales, como el PROSOL y la Canasta del adulto mayor.
«Lo que pasa es que hay leyes. Hay leyes para esto, pero son leyes, repito que en su momento cuando había mucho gas, había mucha bonanza, ahora ya no es aquello, somos los más damnificados por la crisis económica, sobre todas las gobernaciones»
Luis Lema Molina
El asambleísta instó a que se realice una modificación de estas leyes antes de un pacto fiscal, y concluyó: «Es importante, que estas competencias que nos obligan a los tarijeños a hacer una modificación (en las leyes) para que el gobierno central asuma la responsabilidad y evitemos que la gobernación se convierta en una institución de transferencia sin recursos para operar».
Datos:
El presupuesto general del estado consolidado 2023 es de 243 mil millones de bolivianos, el 25% de este monto se designa a YPFB mientras que sumando las nueve gobernaciones más todos los municipios (339) y las universidades estatales se reparten el 12%.