Los fallos de las salas constitucionales de Pando y Beni, que han dispuesto la paralización de las elecciones judiciales, han generado una ola de críticas de actores políticos de diversos frentes. En respuesta, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) han solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicar el principio de preclusión, que impide la revisión o anulación de procesos electorales una vez completadas las etapas. Este principio, según la Ley de Régimen Electoral, establece que los resultados de los procesos electorales no pueden ser revisados ni anulados por ninguna causa.
Los diputados Carlos Alarcón y José Manuel Ormachea, de CC, argumentaron que la paralización del proceso va en contra de la normativa vigente y pidió al TSE actuar con «valentía e hidalguía» para garantizar que las elecciones judiciales sigan su curso. La Sala Constitucional de Pando había declarado desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras que la de Beni hizo lo mismo para el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que pondría en riesgo el desarrollo del proceso electoral en esos dos tribunales.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó estos fallos como “muy peligrosos” porque limitan el derecho político de la población y debilitan las instituciones democráticas del país. Expresó su preocupación por las implicaciones de estos fallos, respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también había alertado sobre la posibilidad de que no se realicen las elecciones judiciales. El expresidente Carlos Mesa y otros actores políticos coincidieron en que estas decisiones representan un nuevo golpe a la democracia, en un intento de los “autoprorrogados” por mantenerse en el poder.
Frente a este escenario, el ministro de Justicia, César Siles, informó que el Gobierno evalúa presentar acciones legales por prevaricato contra las salas constitucionales de Pando y Beni, acusándolas de extralimitarse en sus funciones. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral, ante las controversias, ha recibido una medida cautelar de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, que ordenó continuar con el proceso de las elecciones judiciales, programadas para el 1 de diciembre, en un esfuerzo por asegurar la estabilidad democrática y el cumplimiento del derecho electoral.
Vía: El Diario
