La ley china contra el espionaje, vigente desde julio, ha generado inquietud en la Unión Europea. La normativa otorga amplios poderes al Estado chino para reprimir actividades consideradas amenazas a la «seguridad, honor e intereses nacionales».
Para la UE, las disposiciones revisadas de la ley antiespionaje son a la vez alarmantemente vastas y peligrosamente vagas, y otorgan al Estado un margen de discrecionalidad notablemente amplio para decidir qué constituye una amenaza a la integridad de China.
Su ambigüedad ha suscitado preocupaciones sobre su interpretación y su impacto en la confianza de los inversores. La legislación amplía la definición de espionaje e impulsa el control estatal, generando incertidumbre sobre qué acciones podrían considerarse una amenaza.
Las nuevas normas implican que las empresas europeas tendrán que obtener información muy detallada y, en ocasiones, sensible, directamente de sus proveedores chinos. La ley antiespionaje podría convertir este ya oneroso ejercicio burocrático en una apuesta de alto riesgo, con la sombra de la persecución penal planeando sobre auditores y consultores.
Empresas europeas enfrentan desafíos, ya que la ley podría afectar la diligencia debida y las operaciones en China, poniendo en conflicto normativas de la UE.
Vía: Euronews