Un conflicto legal y técnico ha surgido en Tarija, Bolivia, en relación con la construcción del Puente 4 de Julio, con declaraciones encontradas entre el Arquitecto Particular Leopoldo López y el Director Jurídico del Municipio, Roberto Ugarte.
Leopoldo López señaló que existen procesos judiciales pendientes relacionados con el puente. La empresa constructora ha demandado al municipio, alegando un cobro indebido de multas, lo que ha llevado a que el contrato esté bajo control jurisdiccional. López enfatizó que no está claro cómo se procederá con un proyecto que está bajo la autoridad de un juez, ya que cualquier cambio en el puente podría resultar en que la empresa argumente que no se le pueden cobrar multas o que se está interfiriendo con su contrato existente.
Por otro lado, Roberto Ugarte respondió a las preocupaciones de López, asegurando que, aunque hay procesos judiciales en curso, no existen medidas cautelares que prohíban la continuación de las obras en el puente 4 de Julio. Ugarte destacó que no hay ninguna orden judicial de «no innovar» ni de suspensión de las obras en el puente.
El director jurídico del municipio explicó que hay dos procesos penales y un proceso contencioso en marcha, pero ninguna de estas acciones impide que el municipio continúe con la construcción del puente. Además, destacó la importancia de completar las obras para evitar que el proyecto inacabado cause problemas en el río Guadalquivir. Ugarte también hizo hincapié en que la gestión del Alcalde Johnny Torres está comprometida con proteger los fondos ya invertidos por la administración anterior.
Las declaraciones de los dos participantes revelan una diferencia de criterios en torno a la interpretación de los procesos judiciales en curso y la autorización para avanzar en la construcción del Puente 4 de Julio en Tarija. El desenlace de esta disputa probablemente se resolverá en el ámbito legal y tendrá un impacto significativo en la continuación de este importante proyecto de infraestructura.