Teresa Jacinto Flores, una residente del distrito 8 en Monte Sud, denunció que ha sido desalojada abusivamente de su casa por la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT). Según Teresa, ella ha vivido en esa zona desde 1990 y ha adquirido su propiedad gradualmente a lo largo de los años, contando con documentos que respaldan sus pagos.
Sin embargo, al intentar regularizar su derecho de propiedad a través de la DOT, se le ha negado debido a la existencia de una supuesta doble posesión en la zona. Según las autoridades, el área donde se encuentra su vivienda se considera borde de quebrada y propiedad municipal. A pesar de haber acudido al municipio y a las áreas fiscales en busca de respuestas, Teresa solo ha encontrado obstáculos en su intento de obtener una solución.
Ervin Mancilla, concejal municipal, ha manifestado su apoyo a Teresa y ha anunciado que ampliará la denuncia de la señora ante la fiscalía contra los funcionarios de la DOT. Mancilla señala que el despojo de la vivienda de Teresa se debe a una aprobación irregular de la planimetría, en la cual la alcaldía ha convertido parte del terreno de la señora en áreas verdes sin haberla notificado ni mostrado la nueva planimetría.
Según Mancilla, Teresa había vivido en su terreno durante años, contando con documentos legales de compra y venta. Sin embargo, recientemente fue notificada de manera abrupta, hace tres meses, sobre la orden de desalojo y la negación de su derecho propietario.
El concejal denuncia similitudes entre este caso y el caso de la urbanización «20 de abril 2», donde se han dado situaciones irregulares con la complicidad de la DOT. Mancilla está solicitando el secuestro de las actas, carpetas y documentación de aprobación de ambas urbanizaciones, ya que considera que los procedimientos son similares y han involucrado a funcionarios de la DOT.
La ampliación de la denuncia incluye cargos de corrupción, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, y supresión o destrucción de documentos, así como el uso de instrumentos falsificados.