El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Tarija Cercado ha emitido un comunicado en respuesta a las denuncias públicas realizadas por el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez el día lunes 5 de febrero.
En este comunicado, el sindicato aborda las acusaciones de irregularidades en la contratación de publicidad con medios de comunicación «fantasmas» por parte de la Asamblea Legislativa Departamental, a través de su dirección de comunicación.
El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Tarija, Horacio Rivero Guerrero, informó que el director de comunicación de la Asamblea Departamental, no es miembro de la organización sindical.
Además, el sindicato repudia cualquier acto de corrupción que afecte el derecho a la información transparente de la población y exige una investigación responsable para evitar generalizaciones que afecten a los trabajadores de la prensa que realizan su labor de manera ética.
Dificultades para acceder a publicidad
En el comunicado, también se informa a la población sobre las dificultades que enfrentan muchos trabajadores de la prensa autogestionarios para acceder a contratos publicitarios, ya que frecuentemente se les indica que no hay recursos disponibles.
Se lamenta la proliferación de medios de comunicación que responden a intereses sectarios y desinforman a la población, con propietarios que son funcionarios públicos.
El sindicato espera y confía en que las autoridades competentes tomen en cuenta esta situación y, en caso necesario, acudan a la justicia para dilucidar esta problemática. Se remitirá una copia del comunicado a las direcciones de comunicación de otras instituciones, ya que estos problemas no son aislados y es importante que las autoridades presten atención para evitar su repetición en el futuro.
Perjudicados: La profesión de Periodismo en General
Finalmente, el sindicato destaca que los trabajadores de la prensa son quienes terminan siendo perjudicados por estas irregularidades, ya que no pueden acceder a contratos publicitarios debido a que los fondos se destinan a medios «fantasmas».
La institución se compromete a seguir velando por la verdad y a dialogar con las autoridades, pero enfatiza que la responsabilidad de investigar y tomar medidas punitivas recae en la contraloría y la justicia.