El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, desestimó la validez de la decisión tomada por la Asamblea Legislativa de cesar a los magistrados y consejeros electos en 2017.
Jaimes declaró que el Legislativo no tiene atribuciones para destituir a los magistrados, ya que la interpretación de la Constitución es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El conflicto surgió a raíz de la Declaración Constitucional 049/2023 emitida por el TCP en diciembre del año pasado, la cual extendió el mandato de los magistrados y otras autoridades judiciales debido a las fallidas elecciones judiciales.
Jaimes enfatizó que, aunque políticamente se pretenda argumentar lo contrario, jurídicamente la interpretación del TCP prevalece.
La sesión legislativa, convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desarrolló en un ambiente tenso. Diputados y senadores del MAS y de las alianzas opositoras modificaron el orden del día para incluir el debate sobre la prórroga de los magistrados y aprobaron una resolución para continuar con la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, así como un crédito externo.
No obstante, el TCP había suspendido la competencia de Rodríguez para convocar la sesión, advirtiendo que cualquier decisión sería nula.
Este enfrentamiento entre los bloques del MAS, los evistas leales a Evo Morales y los arcistas seguidores del presidente Luis Arce, refleja las tensiones internas en el partido de gobierno.
La disputa sobre la legalidad de la convocatoria de Rodríguez y la anulación de la prórroga judicial es un capítulo más en la lucha de poder dentro del oficialismo, complicando aún más el proceso electoral judicial y generando incertidumbre sobre su futuro desarrollo.
Vía: La Razón
