Después de dos semanas de la prórroga en los cargos del Órgano Judicial en Bolivia, líderes políticos cuestionan los vínculos entre dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el ministro de Justicia, Iván Lima. Este debate surge en medio de la demora en la convocatoria a elecciones judiciales debido a fallos judiciales emitidos por el TCP. El Gobierno propone un diálogo político en la Asamblea Legislativa basado en un proyecto de ley para agilizar el proceso electoral.
Algunos señalan que las decisiones del TCP están vinculadas a un acuerdo político con el Ejecutivo, mientras otros critican la falta de independencia del Tribunal.
El diputado y jurista Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana (CC) señaló que las decisiones del TCP fueron articuladas con el Ejecutivo. “El primer bombazo que dieron contra la elección judicial se genera en una Sala Constitucional de Beni donde dicen que el magistrado Hurtado, prácticamente, tiene su feudo judicial en ese departamento. Es un secreto a voces que este magistrado es el ‘dueño judicial de Beni’ y lo más revelador es que todas las causas de mayor interés para el Gobierno en el último tiempo, le caen a esa Sala Constitucional.
Ministro de Justicia destaca la necesidad de un «diálogo sincero» para elecciones judiciales
El ministro de Justicia de Bolivia enfatiza la importancia de un «diálogo sincero» en el Legislativo para realizar una preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
Sin embargo, considera difícil lograr consensos dada la fragmentación política en el Parlamento, señalando que la bancada «evista» busca el fracaso de los comicios judiciales y respalda el cuoteo de la justicia.
Defiende la Sentencia Constitucional 0049/2023 que prorrogó los cargos de magistrados, argumentando que es vinculante y de cumplimiento obligatorio, desestimando la posibilidad de procesos ordinarios contra los magistrados prorrogados.
Vía: El Deber