El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado una reforma urgente a la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua, aumentando las penas de prisión y extendiendo la persecución de delitos informáticos a nivel extraterritorial. La nueva legislación incluye la regulación específica de redes sociales y aplicaciones móviles, buscando así controlar el último reducto de libertad de expresión en el país, que aún se mantiene a través de plataformas digitales.
La reforma, aprobada por el Parlamento leal al régimen, amplía las penas de prisión hasta 10 años para aquellos que cometan delitos relacionados con el uso de redes sociales, y hasta 15 años si se incita a la discriminación, odio o violencia. Además, se ha incorporado la posibilidad de perseguir a autores de delitos tanto dentro como fuera del país, replicando una reciente reforma al Código Procesal Penal que también extiende la jurisdicción nicaragüense a nivel internacional.
En la práctica, la Ley de Ciberdelitos ha sido usada para enjuiciar a periodistas y opositores por publicaciones en redes sociales y hasta por «likes» a contenidos políticos. Los críticos argumentan que estas reformas permiten una represión más efectiva y global, utilizando mecanismos internacionales como Interpol y el GAFI para perseguir a disidentes.
Además de las reformas legales, el régimen ha fortalecido el poder de la Policía Nacional para realizar allanamientos y acceder a información digital sin orden judicial, y ha modificado la Ley de la Unidad de Análisis Financiero para vigilar las remesas familiares, una fuente crucial de ingresos para muchos nicaragüenses. Estas medidas consolidan un control estatal más riguroso sobre la sociedad y las comunicaciones en Nicaragua.
Vía: El País (España)
