La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija enfrenta serias limitaciones económicas que afectan su funcionamiento básico, según la asambleísta Juanita Miranda Ramírez del MAS.
Durante todo el 2024, los legisladores han tenido que asumir gastos con sus propios recursos para tareas de fiscalización debido a la falta de presupuesto, reflejada en problemas como la carencia de gasolina, insumos de oficina y servicios básicos como internet, que recientemente fue restablecido tras cortes por impago.
El presupuesto asignado a la Asamblea para el 2024 fue de 17,5 millones de bolivianos, pero no se espera que el Ejecutivo desembolse la totalidad. Según Miranda, los fondos entregados han sido limitados a salarios y la restitución de algunos servicios básicos, mientras que otras necesidades esenciales han quedado desatendidas. La asambleísta cuestionó la falta de interés del gobernador en garantizar las condiciones mínimas para el trabajo legislativo.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo departamental ha sido conflictiva durante el año, agravando la situación económica de la Asamblea. Miranda recordó que, aunque ambos órganos son parte del mismo gobierno departamental, funcionan de manera autónoma y merecen respeto mutuo. Este año, la falta de coordinación ha impedido el desarrollo adecuado de tareas legislativas y de fiscalización.
Con el cierre de gestión, Miranda expresó su esperanza de que en 2025 se logre una mejora en la situación financiera y en el respeto a la institucionalidad de la Asamblea. Recalcó que el funcionamiento pleno del Legislativo es vital para garantizar la fiscalización y el cumplimiento de sus funciones, en beneficio de la población tarijeña.
