El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciado su intención de regresar a España después de casi siete años eludiendo a la Justicia española. Este regreso se produce en un momento crítico para la política catalana y española, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Puigdemont huyó a Bélgica en octubre de 2017, días después de la fallida declaración de independencia de Cataluña, enfrentándose a cargos por rebelión, sedición y malversación de fondos. Desde entonces, ha librado una batalla política y judicial con el Gobierno español. En una carta abierta al pueblo catalán, Puigdemont reconoce el riesgo de ser detenido pero insiste en que su regreso es crucial para evitar un gobierno regional pro-español.
El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha mantenido la orden de detención contra Puigdemont, a pesar de la ley de amnistía aprobada por el Gobierno nacional, argumentando que esta no cubre el cargo de malversación de fondos. De ser detenido, Puigdemont podría enfrentar entre dos y seis años de prisión y una inhabilitación de seis a diez años, con penas más severas en casos agravados.
El retorno de Puigdemont coloca nuevamente bajo el escrutinio público a un líder clave del independentismo catalán en un momento crucial, justo cuando los socialistas, liderados por Salvador Illa, se preparan para asumir la presidencia de la Generalitat tras ganar las elecciones catalanas. La formación de Puigdemont, Junts per Catalunya, perdió su mayoría absoluta en estos comicios, marcando el fin de 12 años de dominio independentista.
