La crisis política en Venezuela, exacerbada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha puesto en evidencia las insuficiencias de las políticas migratorias en Colombia. Desde agosto de 2021, el número de migrantes venezolanos en Colombia ha aumentado de 1,8 millones a cerca de 3 millones. Este crecimiento resalta la necesidad de medidas efectivas para regularizar a esta población, que representa alrededor del 5,7% de los habitantes en suelo colombiano.
El Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, creado en 2021 durante el gobierno de Iván Duque, reemplazó el Permiso Especial de Permanencia, otorgando estatus regular por 10 años a los migrantes que llegaron antes del 31 de enero de 2021. Sin embargo, unos 500.000 migrantes que llegaron posteriormente se encuentran en situación irregular. Expertos como Miguel Suárez de la Fundación Ideas para la Paz destacan la importancia de regularizar a estos migrantes para diseñar programas de inclusión efectivos.
El gobierno de Gustavo Petro ha propuesto el Permiso Especial de Permanencia para Tutores, dirigido a regularizar a los cuidadores de más de 270.000 menores venezolanos, aunque solo cobija a quienes llegaron antes del 12 de agosto de 2022. Críticos, como Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señalan la pérdida de enfoque en la migración y la falta de una diplomacia efectiva para abordar la crisis migratoria.
A pesar de los desafíos, la integración de los migrantes ofrece oportunidades económicas para Colombia. En 2022, los migrantes venezolanos generaron ingresos de 529 millones de dólares, superando los costos de atención de 400 millones de dólares. Sin embargo, la falta de acceso a crédito y empleo formal sigue siendo un obstáculo, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de explotación para muchos migrantes. La integración, más que la contención, es vista como una solución esencial para enfrentar esta crisis humanitaria.
