La Gobernación de Tarija y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) han iniciado acciones legales para frenar el avasallamiento de terrenos y la tala indiscriminada en el área del Proyecto Múltiple San Jacinto.
Autoridades locales denunciaron construcciones clandestinas y contaminación en el embalse del lago San Jacinto, lo que pone en riesgo el ecosistema y la producción agrícola de la región.
Comunarios afectados, como Vicenta Jerez, señalaron que la familia Álvarez Cachambi ha superpuesto sus terrenos con propiedades de la Gobernación y de privados, aprovechando su influencia política.
Jerez denunció la tala de aproximadamente 80 árboles y la extracción ilegal de madera, atribuyendo estas acciones a la asambleísta Marina Cachambi, quien estaría implicada en el abuso de autoridad y delimitación irregular de tierras.
El gerente del Proyecto San Jacinto, José Valdez, advirtió que los movimientos de tierra están afectando las áreas de aporte de agua limpia al embalse, sin que las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) respondan a las solicitudes para regularizar la propiedad. Valdez criticó la demora en la legalización de los terrenos, lo que ha facilitado las invasiones y la destrucción del área protegida.
La ABT, representada por Emilio Tejerina, confirmó la tala masiva de árboles y el uso de maquinaria pesada en la zona. Iniciarán procesos legales por el desmonte ilegal, sumando nuevas denuncias contra la familia Álvarez Cachambi. Lorenzo Ayarde, de la Subcentral de Tolomosa, expresó su preocupación por los impactos ambientales, ya que el sedimento podría afectar el riego agrícola y la sostenibilidad del ecosistema del lago San Jacinto.
