Varios gobiernos departamentales de Bolivia podrían enfrentarse al cierre de sus operaciones a partir de enero de 2025 debido a los techos presupuestarios establecidos por el gobierno nacional. Ante esta crítica situación, los nueve gobernadores del país se reunirán de emergencia este martes en Santa Cruz para discutir posibles soluciones y evitar que esta medida afecte sus funciones. Oscar Montes Barzón, gobernador de Tarija, señaló que muchas gobernaciones no podrán abrir sus puertas en enero si no se revisa el presupuesto asignado.
Montes subrayó que las gobernaciones no pueden seguir asumiendo competencias nacionales con sus recursos limitados, como es el caso del bono «vacuna» para los trabajadores de salud, financiado con Regalías por hidrocarburos. Además, mencionó que el pago de la Renta Dignidad, los aportes a las universidades estatales, y otras responsabilidades similares, deberían ser gestionadas por el gobierno nacional, no por las gobernaciones.
El gobernador de Tarija también reveló que han iniciado un proceso civil contra la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-BP) por el pago anual de 2 millones de bolivianos, cuyo uso no ha sido justificado. Montes enfatizó que la situación es insostenible y que las gobernaciones buscarán que se cumpla la Ley de Autonomías y Descentralización, pero con los recursos necesarios.
Finalmente, Montes expresó su preocupación por el futuro económico de Tarija, especialmente cuando Argentina deje de comprar gas a partir de octubre de este año. Este cambio podría desencadenar un quiebre económico en la región, ya que el precio del gas para Argentina no es competitivo en comparación con lo que pagan otros mercados, como Brasil.
