El Gobierno boliviano, representado por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y otros funcionarios, negó la existencia de una crisis económica en el país y acusó a los seguidores de Evo Morales y a la oposición de intentar desestabilizar el gobierno mediante un «golpe blando».
Alcón enfatizó que las medidas de presión y bloqueos tienen un trasfondo político y están motivadas por desinformación y politización.
El presidente del Estado, Luis Arce, y su gabinete social reiteraron su compromiso de mantener la estabilidad política, económica y social, afirmando que no permitirán una convulsión en el país. Alcón y otros funcionarios denunciaron que la oposición está difundiendo falsos discursos sobre una crisis económica para crear inestabilidad.
En relación con las elecciones judiciales, la bancada del MAS acusó a allegados y exfuncionarios de Evo Morales de bloquear el proceso de preselección de candidatos. El diputado Juan José Jauregui afirmó que los amparos constitucionales presentados provienen en gran medida de personas cercanas a Morales, en un intento de paralizar el proceso electoral.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, acusó a Evo Morales de asfixiar económicamente al trópico de Cochabamba, controlando la producción y manteniendo bajos los precios de la coca. El Gobierno, junto con representantes de la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones, se reunió para evaluar la situación económica, denunciando una campaña de especulación por parte de diversos actores que buscan desestabilizar al país.
Vía: Los Tiempos
