La Fiscalía Penal Militar realizó una inspección en las oficinas de la Presidencia de Colombia este lunes, en medio del escándalo por supuestas interceptaciones ilegales relacionadas con la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. A pesar de que la Corte Constitucional aún debe definir si el caso corresponde a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria, los fiscales militares avanzan en sus investigaciones.
El escándalo surgió en mayo de 2023, cuando la niñera Marelbys Meza denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo bajo presión en la Presidencia, tras la desaparición de un maletín con dinero en efectivo en la casa de Sarabia. La Fiscalía reveló que la Policía había interceptado ilegalmente los teléfonos de Meza y otra trabajadora doméstica, Fabiola Ochoa, acusándolas falsamente de pertenecer al Clan del Golfo. Este caso llevó a la renuncia de Sarabia y se intensificó con el suicidio del ex jefe de seguridad presidencial.
El presidente Gustavo Petro confirmó el suicidio del teniente coronel Óscar Dávila, quien estaba vinculado al caso. Mientras tanto, la disputa entre la justicia ordinaria y la penal militar continúa, con la última intentando mantener el control de la investigación. La justicia ordinaria ha avanzado con imputaciones contra varios oficiales por delitos como abuso de función pública y acceso abusivo a sistemas informáticos.
Petro ha sido un crítico constante de la justicia penal militar, argumentando que facilita la impunidad para los uniformados. La reciente actividad de los fiscales militares en la Presidencia subraya su intención de avanzar en la investigación, a pesar de la falta de una decisión clara sobre su competencia en el caso.
Vía: El País (España)
