A pocas semanas del receso legislativo, la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 en la Cámara de Diputados de Bolivia está en incertidumbre. La división interna del oficialismo entre el bloque arcista y los «evistas», sumada a la postura de la oposición, dificulta la instalación de sesiones para debatir el proyecto.
Mientras tanto, la Comisión de Planificación ya realizó ajustes importantes al PGE, eliminando y reformulando artículos clave, aunque el Ejecutivo mantiene su defensa del documento original.
El gobierno, liderado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostiene que la Constitución garantiza la vigencia automática del PGE si no es aprobado en el Legislativo antes del 1 de enero.
Sin embargo, los cambios introducidos por la Comisión de Planificación han generado tensiones, especialmente entre los diputados «evistas», quienes consideran que se necesitan más modificaciones. Estos parlamentarios también cuestionan la legitimidad de la directiva presidida por Omar Yujra, a la que acusan de haberse «autonombrado».
La oposición y sectores críticos del oficialismo temen que el Ejecutivo repita la estrategia del año pasado, dejando que el PGE entre en vigor sin un debate pleno en el Legislativo. Algunos legisladores, como el diputado Santos Mamani, advierten que esta práctica erosiona la democracia legislativa y limita los ajustes necesarios para garantizar un presupuesto más equitativo y transparente.
En medio del estancamiento político, las denuncias legales y la falta de consenso auguran que el PGE 2025 será aprobado sin mayores cambios. La situación refleja la creciente polarización en el Parlamento boliviano y la dificultad para llegar a acuerdos en torno a políticas clave para el desarrollo del país.
Vía: El Deber
