En el primer año del gobierno de Javier Milei, las políticas de género en Argentina han sufrido un fuerte retroceso.
El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad marcó el inicio de una serie de medidas regresivas, como la desintegración del Plan ENIA contra el embarazo adolescente y la interrupción del financiamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Además, programas esenciales como la Línea 144 y el Plan Acompañar, que asistían a víctimas de violencia de género, han sido prácticamente desmantelados.
La agenda del gobierno ha reinstalado discursos que cuestionan derechos previamente garantizados. El “Congreso de Alienación Parental y Violencia Familiar” y proyectos para penalizar denuncias de violencia de género buscan desalentar la visibilización de estos casos.
Paralelamente, se propone derogar la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, mientras las acciones gubernamentales y de aliados ideológicos avivan discursos de odio contra la diversidad.
La política exterior argentina también refleja este giro: el país se ha opuesto a acuerdos internacionales clave sobre igualdad de género y derechos humanos, distanciándose de compromisos globales como la Agenda 2030.
Mientras tanto, el discurso libertario, liderado por figuras como Agustín Laje, impulsa una narrativa anti-género, desmantelando avances sociales y normalizando el retroceso en derechos.
Pese al contexto adverso, las redes feministas continúan tejiendo solidaridad y resistencia desde la sociedad civil.
Aunque las movilizaciones han sido menos multitudinarias por el temor y la polarización, los movimientos feministas mantienen el activismo, enfrentando con creatividad y esfuerzo el desafío de sostener derechos conquistados en un escenario hostil.
Vía: El País, Argentina
